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17/06/2021
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Cuba: Tarea Ordenamiento, del control de precios a las multas y sanciones

La obsesión por el control de los precios acabará siendo el principal enemigo de la situación actual que golpea a la economía cubana y muchos comercios acabarán cerrando sus puertas. Si los cubanos no se dan cuenta de que el responsable de la crisis actual es el gobierno y su insistencia en dirigir la economía nacional con un modelo obsoleto, que ni chinos ni vietnamitas siguen ya, entonces, poco habrá que hacer. La realidad es contundente. El único responsable de las colas, la carestía, las penalidades y la falta de comida es el gobierno. No hay más vuelta de hoja.

Por eso, un reciente artículo en Cubadebate titulado “Control, palabra clave: ¿Cómo enfrentar los precios abusivos y especulativos?” mete el dedo en la llaga y hace sangre, pero esta no llega al río. A partir de testimonios diversos de gente, el artículo desgrana responsabilidades hacia comerciantes, carretilleros, panaderos, etc, sin acudir directamente al origen de los problemas.

Las tardanzas en las colas y la aglomeración de gente, sin respetar las condiciones sanitarias de la pandemia, no son más que manifestaciones de la dimensión de un iceberg que amenaza con destruir el barco de la economía. Siempre han estado ahí, y ahora coinciden con insatisfacciones con la calidad de los servicios y productos, falta de personal en los puestos de atención al público, ejecución de procedimientos inadecuados para cumplir las normas sanitarias, junto a las denominadas “contravenciones personales por violaciones de la política de precios y tarifas” que tienen su plasmación en el reciente Decreto 30 de 2021.

Este Decreto 30 sobre las “Contravenciones personales por violaciones de la política de precios y tarifas” actualizó los supuestos de infracción, pero sobre todo, las multas, que oscilan entre 2.500 y 15.000 pesos. Su objetivo es enfrentar las indisciplinas y el descontrol, así como incrementar el rigor de lo dispuesto.

Según las autoridades la aplicación de la norma se dirige a las personas naturales relacionadas con la comercialización de bienes y servicios, de forma mayorista o minorista, definiendo qué se entiende por precios abusivos y especulativos, estableciendo las cuantías a pagar ante cada infracción, y determinando las autoridades facultadas para imponer las sanciones.

Se entiende por precio abusivo, aquel cuyo crecimiento esté por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares o dentro de la misma familia de productos, y que busca un nivel de utilidad o ganancia desmedida. El precio especulativo es el fijado a productos, principalmente de primera necesidad, superior al establecido por la autoridad competente, vinculado a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias.

Los grupos de la DISC Dirección Integral de Supervisión y Control están haciendo de las suyas, poniendo patas arriba todo lo que se encuentran. Señalar, además, que este grupo se especializa en las sanciones de poca monta, y traslada a la PNR la represión y medidas más contundentes contra los presuntos infractores. Multas que, por su elevado importe, se están convirtiendo en una amenaza más para los comerciantes y vendedores. Al final no les quedará otro remedio que cerrar, y entonces, vuelta a empezar.

Los responsables de la DISC de La Habana han señalado que las principales infracciones se han detectado en los productos del agro, la venta especulativa y abusiva de algunos trabajadores por cuenta propia, en bodegas, supermercados y cafeterías. Siempre los mismos. También declaran haber detectado violaciones de precios en algunos servicios como las barberías y parqueos estatales. Según las informaciones, ocultar los productos es una modalidad bastante recurrente entre los infractores. No ponen el producto en la pizarra y cuando las personas preguntan lo ofertan fuera de la tablilla informativa a precios superiores, con multas de 5.000 hasta 8.000 pesos.

Por su parte, los inspectores del ministerio han aplicado 33.229 medidas sobre todo vinculadas a multas y decomisos en el sector estatal. En cuanto al sector no estatal se han detectado 33.722 violaciones, por lo que se han aplicado 36.357 medidas. Si se tiene en cuenta que el estatal supone el 80% de la economía y el 20% el privado, es evidente que la acción se ha dejado caer con más intensidad en este último. También en las acciones de control a los precios mayoristas para un total de 7.005 desde el inicio de la Tarea Ordenamiento, se han encontrado 5.952 violaciones y se han aplicado unas 5.305 medidas.

En cuanto al papel de los inspectores, las autoridades los defienden pero continuamente llegan imágenes de móviles donde se ve el apoyo popular a las víctimas de la represión, de modo que las mismas autoridades han acabado por reconocer que “existen supervisores que en determinados momentos han optado por conductas inapropiadas, pero no es la política de este cuerpo”, lo que deja no pocas dudas sobre lo que está ocurriendo. Habrá que empezar a investigar y depurar a los funcionarios corruptos con medidas ejemplares.

Pese a todo, la viceministra de finanzas y precios, defiende a capa y espada el Decreto 30, porque según su criterio, “fortalece el rigor del enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades que se manifiesten en materia de precios y tarifas, un aspecto que consolida los objetivos principales que en materia de precio están previstos en la Tarea Ordenamiento”. Ojalá no se equivoque en sus apreciaciones y no tenga que lamentar lo peor.

Porque ahora, junto al Decreto 30 ha sido publicado el 31 que hace referencia a las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19, que tienen su origen en problemas de higiene, “como colillas de cigarro en las esquinas, vertederos, además la cola no respetaba el distanciamiento físico y la entrada de los trabajadores no tenía los pasos podálicos”. El reportaje de Cubadebate hace referencia a varios casos relativos a higiene que, si se analizan con detalle, permiten saber quién es el responsable de los mismos.

Lo peor de todo es que los dirigentes comunistas creen que las medidas de control y de enfrentamiento que han sido implementadas por el consejo de la administración provincial, la PNR, los supervisores integrales de la DISC, los inspectores estatales e higiene provincial, sirven para resolver los problemas de la gente. Incluso creen que las medidas “han tenido un impacto positivo entre los ciudadanos” lo que no parece coincidir con las manifestaciones espontáneas de apoyo a los vendedores o carretilleros cuando les decomisan su mercancía. Nadie agradece nada de esto, lo que la gente quiere es comprar lo que necesitan en paz.

El alboroto que están creando los comunistas para, según dicen, salvaguardar los intereses de la población, se sitúa en la táctica de crear máxima tensión en las situaciones normales de la vida cotidiana y así justificar su existencia. Es lo que ocurre con los denominados “puestos de mando” donde la población puede llamar para denunciar violaciones de precios y normas. Hasta la fecha poco se sabe de ello, lo que indica que las delaciones no se están produciendo como antaño.

Se tiene la sensación que las quejas y denuncias de la población sobre violaciones de precios y tarifas., unas 6.097, en los dos meses de la Tarea Ordenamiento, no necesariamente proceden de la población, sino que tienen mucho de “cocina” ministerial para justificar equipos burocráticos dedicados a estas tareas.

Y como dice Cubadebate, es casi seguro que en otro modelo económico distinto, Zenaida no tendrìa que pasar más de dos horas en la cola del pan a sus 84 años en una situación de riesgo para ella, provocada por la pandemia. En ese modelo económico alternativo al comunista, ella podría disponer de pan suficiente, de diferentes tipos, con sal y sin sal, ligero o clásico, con los mayores niveles de calidad y precios competitivos, porque si no le gustan los del establecimiento al que va, puede ir a otros y comprar más barato.

Además, puede decidir ir cuando quiera, con la seguridad de que el establecimiento nunca tendrá colas ni aglomeraciones de gente. Será atendida con la mayor amabilidad y nadie querrá engañarla con pesajes, porque todo viene de fábrica. La higiene será máxima. Y además, podrá olvidar para siempre la odiosa libreta de racionamiento, que la ha torturado 60 años de su vida. Si se quiere lograr que este sueño sea realidad, vuelvo a insistir, quien tiene que hacer algo es el gobierno, y no escurrir el bulto.