Aunque en las últimas tres décadas han mejorado varios indicadores de las condiciones laborales en el país, éstas todavía son menos favorables para las mujeres. Ante este contexto, se requieren políticas para reducir estas brechas y para ayudar a las personas a compaginar su vida personal y profesional, señala un informe del IPADE.

El principal reto del mercado laboral en México no es la pobreza laboral, sino la productividad, sostuvo Benjamín AlemánZócalo, Ciudad de México. Imagen bajo licencia CCA-SA 2.0 Castilla, académico del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Pero el bajo rendimiento es resultado, a su vez, de empleos con bajos salarios, amplias jornadas y poca capacitación.

La pobreza laboral “es un síntoma de algo más grave”, dijo este miércoles en la presentación del reporte Trabajo decente en México 2005-2022: Análisis con perspectiva de género. Ese algo de mayor gravedad es el déficit de fuerza laboral “suficientemente capacitada” y la falta de oportunidades de empleo decente.

Para el tercer trimestre de 2022, el 40.1% de la población se encontraba en pobreza laboral, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Es decir, 51.6 millones de personas viven con un ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria.

• ‘Abandoned by the Democratic Party’, cry the US auto workers.
• A United Auto Workers (UAW) strike against the big U.S. automakers would pose tangible and political problems for the president’s push for electric vehicles.  President Biden argues with an auto worker

Detroit, Sept.13.– President Joe Biden’s pledge to make electric vehicles the center of his clean energy economy is hitting a roadblock: one of his party’s most powerful allies in the labor movement.

The United Auto Workers’ criticisms of Biden’s handling of his electric car and truck subsidies have become a frequent theme for the 150,000-member union as it prepares for a possible strike against the major U.S. automakers this week. That means a key part of the president’s trillion-dollar-plus climate and infrastructure agenda, a centerpiece of his argument for reelection, faces friction with a major source of Democratic political muscle in states like Michigan.

Forum Books (August 15, 2023)
Author: Sohrab Ahmari
288 p.
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0593443460

This is the inside story of how our political class enabled an era of unaccountable corporate might that left ordinary Americans isolated and powerless—and how we can fight back—from the acclaimed author of The Unbroken Thread.

Over the past two generations, U.S. leaders deregulated big business on the faith that it would yield a better economy and a freer society. But the opposite happened. Americans lost stable, well-paying jobs, Wall Street dominated industry to the detriment of the middle class and local communities, and corporations began to subject us to total surveillance, even dictating what we are, and aren’t, allowed to think. The corporate titans and mega-donors who aligned themselves with this vision knew exactly what they were getting: perfect conditions for what Sohrab Ahmari calls “private tyranny”.

Drawing on original reporting and a growing chorus of experts who are sounding the alarm, Ahmari chronicles how private tyranny has eroded America’s productive economy and the liberties we take for granted—from employment agreements that gag whistleblowers to Big Finance’s takeover of local fire departments, to the rigging of corporate bankruptcy to deny justice to workers and consumers—illuminating how these and other developments have left millions feeling that our livelihoods are insecure. And he shows how ordinary Americans can fight back, by restoring the economic democracy that empowered and uplifted millions of working-class people in the twentieth century.

Apenas se conoció la reciente sentencia de un tribunal donde fueran condenados 6 sindicalistas el martes 01/08 a 16 años de prisión en Caracas, por "los delitos de conspiración y asociación para delinquir", se reafirma ante la comunidad internacional el establecimiento de un estado policial en Venezuela, con el mismo perfil dictatorial de las tiranías de Cuba y Nicaragua en nuestro continente.

Esta acción criminal del estado venezolano generó la respuesta importante de diferentes ONGs de derechos humanos, destacando el comunicado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) “Rechazamos la brutal condena de 16 años” contra los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes.

La brutalidad de la acción estatal refleja la soberbia del poder ante la comunidad internacional, al despreciar las gestiones de la OIT en 2022 y 2023 quien envió delegaciones al país, como promotora del Foro del Dialogo Social donde se firmaron compromisos con las organizaciones sindicales y empresariales en torno al reconocimiento de la libertad sindical y al salario digno, de igual forma descalificar los informes del Comisionado de DDHH de la ONU y las decisiones de la Corte Penal Internacional instando al Gobierno Nacional al respeto de los derechos laborales, la integridad física y la libertad de cientos de presos políticos.

¿Por qué el tirano Maduro reafirma su mala entraña? Simplemente por verse atosigado por la amarga realidad relatada por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en su informe anual 2022, en el que registró un total de 7.032 protestas que equivalen a unas 20 protestas diarias en promedio, destacando que en ese periodo 3.l85 manifestaciones fueron laborales casi un 45% del total. Esta cifra, si se compara con el 2021, representa un aumento del 7% en las manifestaciones de ese año se documentaron 6.560 en total.

Entre tanto para 2023 la procesión continúa al producirse 4.351 protestas entre enero y junio de este año, lo que representa un incremento de 11,79% en comparación con el mismo período de 2022, cuando se contabilizaron 3.892 manifestaciones, según el mencionado OVCS.