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06/08/2020
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Denuncias / Reports

Carta Abierta de la Sociedad Civil cubana al Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas

Carta Abierta de la Sociedad Civil cubana al Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas

Comunicación

La Habana, 8 de junio de 2020

Un grupo de 574 ciudadanos, activistas, actores dentro de organizaciones y proyectos diferentes en la sociedad civil independiente y en la cultura, líderes de opinión, voceros de movimientos de derechos humanos y sindicales, y representantes de expresiones políticas heterogéneas de la comunidad pro democrática cubana, de dentro y fuera de Cuba, hemos firmado esta Carta Abierta, Naciones Unidas para los derechos, no para los autócratas, enviada a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos humanos ―la segunda que dirigimos a ella― y a Tijjani Mohammad Bande, Presidente de la Asamblea General, ambos de las de las Naciones Unidas.  

Con esta Carta Abierta, pretendemos adelantar en principio tres objetivos: primero, llamar la atención del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General sobre la creciente captura de organizaciones de derechos humanos por regímenes autocráticos, cuyas prácticas son contrarias a la promoción y al respeto de estos;  segundo: trabajar sostenidamente con el apoyo de actores democráticos y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos en el mundo para fortalecer nuestra voz en organismos internaciones que tienen como misión la promoción y protección de los mismos y, tercero, iniciar una campaña de sensibilización: CDH, Cuba NO para propiciar una conversación abierta y franca que busque reformular los criterios de admisión de determinados países al Consejo de Derechos Humanos (CDH). Los derechos son para la gente, no para los gobiernos.

Por tercera vez Cuba opta por un asiento en el CDH. La votación se realizará en el venidero mes de octubre. Y ese no es un asiento que merezca el gobierno cubano.   

No solo las autoridades cubanas violan sin sonrojo la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye sus tratados y aquellos pactos que se niegan a ratificar, sino que violan con muy poca discreción la única Carta vinculante, la Constitución, diseñada por ellas, que les obliga a respetar y a proteger los limitados derechos y garantías que se les reconoce a los ciudadanos y a las ciudadanas. Un año y dos meses después de aprobada, esta Constitución es letra muerta para quienes, según ella misma, son los titulares de la soberanía.

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Turkey's Repression: «I went to bed a judge and woke up a terrorist».– Yavuz Aydin

Former Turkish judge Yavuz Aydin told in an interview last May that most of Turkey’s purged judges and prosecutors were dismissed because they stood their ground, that Turkey’s democratic decline may be irreversible, and that the Turkish government, not the pandemic, will be to blame for any covid-19 deaths among prison inmates in the days ahead.

The Turkish judge purged by President Erdogan now living in exile, addressed the 12th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy (video) and declared, among other facts, about the Turkish coup events and subsequent purge:

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Denuncia de la Intergremial de la Salud del Estado Zulia.

LA INTERGREMIAL DE LA SALUD DEL ESTADO ZULIA DENUNCIA ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES EL ACOSO POR DENUNCIAR LA SITUACIÓN HOSPITALARIA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19

A medida que se ha extendido la pandemia del COVID 19 en Venezuela y específicamente en el Estado Zulia, se ha desarrollado una ofensiva gubernamental a nivel nacional y regional a fin de silenciar a los gremios que difunden la realidad que sucede en la geografía nacional y regional.

En esa dirección se persigue a periodistas de radio, prensa y televisión, a empresarios de los medios que publiquen informaciones y a integrantes de los gremios profesionales de la salud agrupados en esta Intergremial (Enfermería, Bioanalistas, Médicos, Odontólogos,  Nutricionistas, Veterinarios), quienes han denunciado la grave situación que afecta actualmente y que impactará a la población en general ante la carencia de materiales médicos básicos, para atender los contagiados que abordan diariamente las instalaciones sanitarias de la región zuliana.

En el caso concreto del Estado Zulia, la persecución del gobierno regional ha arreciado contra el Colegio de Enfermería en particular con la presidenta del gremio la Lic. Hania Salazar, quien, por convocar al personal de enfermería a registrar la situación apremiante de los diferentes centros sanitarios, ha sido amenazada con ser encausada por cometer delitos penales.

Esta amenaza ha comenzado a concretarse con la convocatoria por parte de la Jefa de Enfermería del Ejecutivo Regional al personal de salud, a testimoniar ante la Fiscalía denunciando a la presidenta del gremio, siendo claro que el propósito es levantar un expediente fraudulento y así privarla de libertad.

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SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES CUBANOS: OFICIAL DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO AMENAZA NUEVAMENTE A MARIA ELENA MIR MARRERO SECRETARIA GENERAL DEL CONIC

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES CUBANOS

OFICIAL DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DEL GOBIERNO CUBANO AMENAZA NUEVAMENTE EN EL DIA DE HOY A  MARIA ELENA MIR MARRERO SECRETARIA GENERAL DEL CONIC Y MIEMBRO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA MESA DE UNIDAD DE ACCION DEMOCRATICA (MUAD).

En horas de la mañana de hoy, 30 de mayo de 2010,  un oficial de la Seguridad del Estado, nombrado Osvaldo, se presentó en la vivienda de nuestra compañera María Elena Mir Marrero, Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) y miembro de la Mesa Ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), para amenazarla por el trabajo que ella realiza en las redes sociales en defensa de todos los derechos humanos para todos en  la isla.

Anunciándole que sería detenida si no paga la multa que tiene pendiente, por el solo hecho de haber estado utilizando las redes para libremente expresar su opinión, por la cantidad de 500 pesos cubanos. Multa que ella se ha negado y se niega a pagar pues constituye una violación a sus derechos fundamentales reconocidos internacionalmente e inclusive en la propia nueva Constitución de la Republica de Cuba.  El oficial de la Seguridad del Estado, le manifestó que regresaría con una orden de registro para confiscarle su teléfono celular y así impedirle su acceso a las redes sociales.

La Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC) denuncia estas arbitrarias e injustas  acciones de las autoridades cubanas en contra de la persona de María Elena Mir Marrero y respalda solidariamente su determinación de no claudicar en su accionar social y político ante estos actos represivos, que constituyen una flagrante violación sus derechos fundamentales.

Estas repetitivas acciones represivas por parte de las autoridades cubanas contra la destacada dirigente del CONIC y de la MUAD ya han sido denunciadas con anterioridad y el pasado 5 de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó una solicitud  de medidas cautelares al gobierno de la Republica de Cuba, solicitada por la propia María Elena Mir Marrero, motivadas por acciones represivas, como las del día de hoy, de las autoridades cubanas.

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ANP: muerte de periodistas por COVID-19 ratifica urgencia de atender desprotección sanitaria y precarización laboral

Desde el inicio de la cuarentena (16 de marzo) han fallecido 15 hombres y mujeres de prensa po coronavirus en el Perú, de este total, 10 se contagiaron en el cumplimiento de quehaceres periodísticos.

 De estos 11 trabajaban independientemente y 4 para empresas mediáticas de alcance nacional (Panamericana Televisión, TV Perú, Agencia de Noticias Andina, radio Exitosa).

La provincia con el mayor número de fallecidos es Iquitos (6), seguida de Lima (4), Ica (1), Cusco (1), Chiclayo (1), Chimbote (1), Piura (1).

En este momento, la ANP lleva un registro de periodistas que han dado positivo a COVID-19 teniendo como principales focos de contagio Loreto, Lambayeque, Ucayali y Lima.

Desde el inicio de la emergencia la ANP ha sido enfática en señalar la responsabilidad de las empresas mediáticas que tienen la obligación legal y moral de brindar los Equipos de Protección Personal (EPPs) para que su personal, especialmente quienes hacen reporterismo, puedan mantener los cuidados necesarios que este contexto exige.

En razón de ello, la ANP exige el cumplimiento de lo establecido en el DS 008-2020-SA, que indica que: “en todos los centros laborales públicos y privados se deben adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19”.

Asimismo, debe aplicarse el artículo 60 de la ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) que obliga a los empleadores a proporcionar “a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones”.

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