| VERGÜENZA DEL SISTEMA PENITENCIARIO PANAMEÑO |
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WASHINGTON, D.C. "Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles". Nelson Mandela, 1994. En abril de 2006 escribí que "casi me caigo de la silla", cuando en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), oí que Olga Gólcher, entonces la viceministra de Gobierno y Justicia, le decía a los comisionados que "el Sistema Penitenciario de Panamá es respetuoso de los derechos humanos de los privados de libertad". Luego, Gólcher insistió en que las "deficiencias" de las cárceles panameñas no constituyen una negación de derechos humanos. "Son dos cosas distintas", afirmó. Esa postura repugnante me motivó a recomendar, en aquella columna, que las ONG interesadas en el tema solicitaran una audiencia ante la CIDH, "porque de ninguna manera puede quedarse sin refutar ante los comisionados aquello de que 'el Sistema Penitenciario panameño es respetuoso de los derechos humanos". Por el contrario, escribí: "Considero urgente que lo deplorable, lo vergonzoso, y lo inhumano de nuestro Sistema Penitenciario sea expuesto plenamente ante la CIDH y cualquier otro organismo internacional que pueda ayudar a rectificar la situación". Felizmente, la panameña María Luisa Romero, una jovencita brillante que estudia derecho en Harvard, leyó esa columna y consultó el asunto con sus profesores. El resultado fue una investigación de 18 meses, en colaboración con la Comisión de Justicia y Paz (CJP) de Panamá, un apabullante informe de 154 páginas, y una audiencia el viernes pasado ante la CIDH. Además de dos abogados de Harvard, los presentadores del lado peticionario incluían a Romero y dos representantes de la CJP, Víctor Atencio y Leila Arosemena. Su presentación –con fotos– fue un resumen devastador de lo que el informe detalla de manera absolutamente contundente e irrefutable. La cubierta del informe lleva la cita de un detenido en Panamá, quien afirmó que los custodios panameños se jactan de decirles que "del portón para acá, se acaban los derechos humanos". Por falta de espacio, hoy solo subrayaré algunos de los puntos más alarmantes en el informe. Excepto por Cuba, Panamá tiene el más alto índice de encarcelamiento de la América Latina (364 presos por cada 100 mil ciudadanos), pero casi el más bajo índice de homicidios (solo Costa Rica tiene menos). En otras palabras, "el nivel de criminalidad en Panamá no explica el alto nivel de encarcelamiento". La gran mayoría de los detenidos (60%) están presos sin haber sido condenados. En sus visitas a las cárceles, los peticionarios confirmaron que "un número elevado de los internos se quejó de la falta de celeridad en los procesos, varios indicando que llevaban tres, cuatro o cinco años sin haber ido a juicio y que no tenían conocimiento de sus casos". El hacinamiento es "infrahumano". En la audiencia, el gobierno admitió que hay un déficit de 3 mil plazas y prometió construir más cárceles. A eso, un comisionado observó que la solución ideal sería encarcelar a menos gente, no construir más prisiones. Mientras tanto, hay cárceles que operan a triple capacidad. Los peticionarios señalaron que, por ejemplo, en el pabellón No. 3 de La Carcel La Joyita, hay 151 reclusos en una celda bastante más pequeña que la sala donde se realizaba la audiencia. Hay desigualdades "sin criterio legítimo" entre una cárcel y otra, y entre un recluso y otro, lo que presupone corrupción en el sistema. Hay intimidación "sistematizada", junto a maltrato físico y carencias de toda índole. Escasea el agua potable, la comida, los servicios sanitarios, las camas, la atención médica. Esta vez, en la audiencia del viernes, el gobierno de Martín Torrijos no envió a nadie desde Panamá quien –como Gólcher– osara intentar tapar el Sol con las manos. Ni siquiera compareció el embajador Aristides Royo. Quien habló por el gobierno fue Lorena Aparicio, funcionaria de la misión panameña ante la OEA, quien simplemente leyó de un breve informe que no respondía puntualmente a los señalamientos de los peticionarios. Como defensa principal, el gobierno de Torrijos se refugió en la falta de recursos. Pero esa misma falta de recursos confirma la falta de voluntad del gobierno en atender este problema, subrayaron los peticionarios. En relación al ingreso per cápita de sus ciudadanos, Panamá gasta mucho menos que los países vecinos, lo que permite concluir que un Estado que solo dedica 0.18% de su presupuesto al Sistema Penitenciario es un Estado que ha decidido perpetuar los problemas allí, en lugar de corregirlos *La autora es corresponsal del diario La Prensa, de Panamá *Enviado por Secretario de Derechos Humanos de la CGTP (Panamá) Comisionado de CLADEHLT para Centroamerica. |
