• COMO CONTRIBUCIÓN NECESARIA Y OPORTUNA

Constatamos que las circunstancias sobrevenidas han aconsejado recomendar la conveniencia de la participación directa de los ciudadanos en materia socioeconómica local por los efectos beneficiosos que puede aportar ante nuevas realidades históricas, ambientales y sociales. Es, creemos, cuando se invoca en determinadas problemáticas emergentes, como es el caso del Capítulo 28 del Programa 21 -mejor tratado hasta la fecha para el desarrollo sostenible emanado de la Cumbre de la Tierra de Río’92, consensuado por 178 gobiernos y donde se crea la institución universal de la AGENDA 21 LOCAL -pura conciencia colectiva de que constituye una contribución necesaria y oportuna, algo beneficioso e inmerso en el orden natural de las cosas.

La participación directa de los ciudadanos en materia socioeconómica local para el ejercicio del Desarrollo Sostenible con sus consecuencias de colaboración, concienciación, legitimación, receptividad y corresponsabilidad, que prescribe el Capítulo 28 del Programa 21, reúne todos los ingredientes para ser tenida como una aportación necesaria que es un valor superior, positivo, político y práctico, además de un derecho reconocido y que, ante nuevas e importantes circunstancias, insistimos, la aconsejan, por emanación colectiva y consensuada. La participación directa de las mujeres y de los jóvenes, se postula y prescribe también en el Programa 21 en sus capítulos 24 y 25 muy generosamente, además de la de las ONGs en su capítulo 27, empresarios en su capitulo 30, sindicalistas en su capítulo 29 y pueblos indígenas en el capítulo 26.

Por otro lado el principio 10 de la Declaración de Río’92 -otro de los cinco documentos fundamentales de la Cumbre de la Tierra- comienza afirmando: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda......Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población...”. El principio 20 dice: “Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es por tanto, imprescindible contar con su plena participación para logra el desarrollo sostenible”. El principio 22 dice lo mismo respecto de las poblaciones indígenas y sus comunidades.

 La Carta de la Tierra (París, Marzo 2000) en el Principio IV.13.b prescribe “Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de todos los individuos y organizaciones interesadas en la toma de decisiones” y en el Principio III.11. b. “Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias”
    
La democracia participativa es como un recurso durmiente, enunciado y reconocido, que ante la emergencia se aconseja utilizar porque vale para ello cuando a lo local se le da una importancia básica para bien de lo global. Su elusión y modulación hacia menos nos permite valorarla como algo perjudicial y negativo percibible por todas las personas, máxime en las circunstancias actuales constatadas y tras su prescripción por una declaración de principios como lo es la de Río’92 o una ley consensuada, aunque lo sea blanda, como es el Programa 21 o un documento declarativo universal y participado como lo es la Carta de la Tierra. Quede bien claro que no se trata de asamblearismo anarquizante, sino de un proceso extendido en el tiempo, serio, ordenado y documentado, bajo la autoridad representativa y sometido, este proceso, al consenso tanto en la formación del grupo participador como en la determinación de los objetivos y supone la incorporación de un enorme porcentaje de población excluido prácticamente hasta el momento, un capital humano infrautilizado y amortizado.

Esa desamortización, que es la participación directa y real de la sociedad civil en la toma de decisiones y en su posterior seguimiento y control va a reportar beneficios no sólo en el cambio de hábitos respecto del uso y abuso de los recursos naturales y su mejor administración, sino también en la contribución a la reordenación de los valores colectivos imperantes y no impuestos por unos pocos; va a contribuir a la mejora en la gobernabilidad y va a ser una fuente de información valiosa y un factor determinante para que las autoridades locales puedan proceder al cambio con actuaciones políticamente incorrectas pero legitimadas por esa participación y luchar con eficacia contra el deterioro ambiental, la pobreza, la ignorancia, la corrupción y el terrorismo.

La participación directa solo se puede producir en un plano de igualdad y, por tanto, debe practicarse en una mesa de negociación, con información, turnos, orden, argumentación, tiempo por delante, sin dirigismos previos ni imposiciones y en consenso. De ninguna manera imponiendo las asociaciones como único vehículo -en ellas sin duda se da legitimidad pues el representante suele ser líder como persona- pues volveríamos a la participación representativa en otro grado, sino ratio personae.

De ningún modo las encuestas, los sondeos ni los foros breves inducidos o no por diagnósticos previos, justificativos y exhibitorios, ni el asamblearismo reivindicativo y anarquizante a mano alzada pueden exhalar las objetividades beneficiosas y legitimadoras de la participación directa, puesto que no aportan nada, o muy poco, en estas circunstancias tan trascendentes.