• COMO DERECHO

Es de reseñar que ya en 1762, hace 245 años, el Contrato Social de J.J. Rousseau, verdadero evangelio de la Revolución francesa, el texto de tema no religioso que mayor trascendencia ha tenido en la historia de la Humanidad y que supone el fin del absolutismo y el inicio del  estado moderno y de la democracia representativa,  acusaba, en el último párrafo del Capítulo I del Libro IV, la actitud de los gobernantes hacia la participación directa de los ciudadanos: “...Tendría que hacer aquí muchas reflexiones sobre el simple derecho a votar en todo acto de soberanía, derecho que nadie puede quitar a los ciudadanos, y sobre el de opinar, proponer, dividir, discutir, que el gobierno tiene siempre gran cuidado en no dejar sino a sus miembros; pero este importante asunto exigiría un tratado aparte y no puedo decirlo todo en éste”.

Se reconoce, pues y desde entonces, que la soberanía reside en el pueblo, pero no se la deja pasar de eso, de residir. Es patente que comienza a no ser así para una masa crítica importante de ciudadanos y políticos y cuando se llega a un “divorcio” entre ambos, la gobernabilidad y las circunstancias sobrevenidas que amenazan la supervivencia de la Humanidad  aconsejan y requieren –y las nuevas tecnologías lo permiten en gran medida como nunca anteriormente- la práctica de parte de esa soberanía por medio de la participación directa para “opinar, proponer, dividir, discutir” como decía Rousseau.

La consideración de la existencia del derecho a la participación directa, poco tenido en cuenta hasta la fecha, implica un paso adelante en materia de democracia evolucionada y la puesta en marcha de unos enunciados que en principio se han manifestado más estéticos y cosméticos que otra cosa pese a que constituye un derecho reconocido.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 reconoce este derecho en su artº 21.1: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. En España está recogido en la Constitución de 1978 en los artículos 23.-1.:“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.” y 9º.-2 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Esta participación directa se ha venido practicando como utilitaria, como prestación personal, y ha devenido de derecho en obligación dadas ciertas circunstancias; como son la institución del somatén, la lucha contra los incendios, la recogida del chapapote y la colaboración personal en todo tipo de emergencias y catástrofes -se llega a tipificar sustantivamente el delito de omisión de auxilio- incluyendo el servicio militar obligatorio, pero siempre y peyorativamente como servidumbre dirigida por unas autoridades planificadoras y rectoras y pocas veces o en escaso grado como contribución a la toma de decisiones.

La participación indirecta o representativa, una consecución burguesa al inicio del Estado Moderno ha llegado a solidificarse en una “clase política” que capitaliza la soberanía popular; en la legitimación de una aristotélica nueva aristocracia u oligarquía electiva de hecho bajo la forma de partitocracia excluyente, como si, por un raro y salvífico mecanismo electoral -que ha transigido con cualquier porcentaje de participación en el proceso electoral, por exiguo que este sea, sin cuestionarse nada sobre donde empieza y termina el quórum que da legitimidad a la representación- se eligiera a los mejores y fuera de ellos no quedara nada apreciable, salvo corifeos mediáticos, creadores de opinión manipulables fácilmente, notables, sabios al paño y encuestas que cierran el círculo justificativo. Un auténtico sofisma trasnochado y esclerosante que ignora los conceptos ecología y sistema y que supone normalmente una irrefrenable tentación difícil de vencer.