Gerardo E. Martínez-Solanas
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Justicia Supranacional - 2006/02/27 22:03
Con la creación del Consejo de Derechos Humanos (CDH), a sugerencia del Secretario General de la ONU, el Presidente de la Asamblea General propone ahora a la comunidad internacional reemplazar la actual Comisión de Derechos Humanos y añadir a la reciente creación de la Tribunal Penal Internacional otro instrumento que contribuya a poner fin a la impunidad de tiranos, criminales de guerra y esbirros de toda especie.
La Carta de las Naciones Unidas proclama el “principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos”, que fue base de la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” de 1960, en un proceso de descolonización que iniciaron los propios Estados colonialistas y algunos más entre los 50 fundadores de las Naciones Unidas.
Lo positivo es que ya son 192 los países independientes representados en la ONU como resultado de este proceso. Lo negativo es la entronización de dictaduras abusadoras y criminales durante demasiados años. Esto fue posible porque el fantasma del neocolonialismo impulsó a desarrollar doctrinas sobre soberanía nacional y “no injerencia en los asuntos internos de los Estados” que ponían freno a la intervención extranjera y a la influencia indebida de un Estado sobre otro, pero al mismo tiempo concedían impunidad y protección a los dictadores.
Estos dictadores suelen aducir que representan a sus pueblos y dirigen un Estado soberano en el que nadie tiene derecho a intervenir desde el exterior. Tal concepto de Estado soberano que niega la auténtica soberanía –la que radica en el pueblo– cobró auge durante el medio siglo en que los Estados democráticos eran minoría.
El derrumbe del imperio soviético fue un acicate para volcar hacia la democracia no sólo a los países sometidos del bloque soviético sino a muchos más que sufrían la influencia desestabilizadora del comunismo. Esta tendencia democratizadora se ha extendido también desde 1989 a otros que padecían dictaduras tradicionales.
Más o menos imperfectas y deficientes, las democracias de hoy forman una decisiva mayoría en los foros e instituciones internacionales. Por tanto, los mecanismos anacrónicos y viciados creados durante la era de las dictaduras del siglo XX están ahora sometidos a revisión. Además, se proclaman nuevos conceptos y principios que dan sustento a la creación de instituciones de justicia supranacional, lo que implica un justo intervencionismo en defensa de los pueblos oprimidos.
Esos mecanismos viciados permiten que algunos de los peores violadores de los derechos humanos tengan voz y voto en la Comisión de Derechos Humanos, de Ginebra, y hasta lleguen a presidirla. Podemos citar a Arabia Saudita, China, Cuba, Libia, Nepal, Sudán, Zimbabwe y otros. Lograron también hacerla inoperante en la defensa de los pueblos oprimidos, hasta el punto de que cualquier dictador pudiera desafiarla negándose a recibir siquiera la visita de una misión investigadora.
La creación del CDH propone, sobre todo, excluir a países acusados de violaciones que no acepten misiones investigadoras o que insistan en mantener disposiciones violatorias en sus leyes. El proyecto propone que se reúna tres veces por año por un total de 10 semanas y tenga 47 miembros elegidos individualmente mediante voto secreto y mayoritario en la Asamblea General. Servirían por un período de tres años y no serían reelegidos inmediatamente después de su segundo período. La elección tendría en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y su compromiso de continuar haciéndolo. Además, por votación de una mayoría de dos tercios podrían suspender a un país que cometa violaciones graves y sistemáticas de esos derechos.
Estados Unidos se opone a la versión diluida que favorece la permanencia de indeseables mediante su elección a través de grupos regionales donde su influencia es decisiva, en lugar de la elección mayoritaria por la Asamblea General en pleno. Si bien podemos criticar con toda razón la excesiva reticencia de Estados Unidos ante la globalización de la justicia, en particular con el Tribunal Penal Internacional, aplaudimos las objeciones del Embajador norteamericano que aspira a un Consejo de Derechos Humanos genuinamente habilitado para poner freno a la impunidad de los abusadores.
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