Gerardo E. Martínez-Solanas
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El Síndrome de la Ilegalidad Inmigratoria - 2007/02/28 18:08
Rajila, una joven de 30 años, abandonó su hogar en la India en busca de una vida mejor en la opulenta Arabia Saudita. Sin embargo, sus sueños se convirtieron en pesadilla cuando la integraron a una cuadrilla de mujeres inmigrantes obligadas a trabajar turnos de 12 horas los siete días de la semana. Por añadidura, no recibían salario y la “atractiva” vivienda “gratis” que le habían prometido era una covacha diminuta sin comodidades. Al regresar de sus trabajos todas las mujeres del grupo eran encerradas con llave y una vez a la semana eran escoltadas como rebaño hasta el mercado para adquirir algunas necesidades. No se les permitía tampoco practicar su religión. Escapó de Arabia Saudita tres años después sin haber podido ahorrar ni un solo centavo de su sacrificada labor.
Es una de las muchas historias que publica la Oficina para Investigar y Combatir el Tráfico de Personas, del Departamento de Estado norteamericano. Una más entre millones que podemos encontrar dispersas en innumerables segmentos de información. Es parte de una desgarradora realidad que implica el tráfico de personas que se ven sometidas a la servidumbre más extrema –cuando no se llega a un auténtico caso de esclavitud–, a la prostitución y la pornografía, además del lucrativo negocio de la ilegalidad, que reporta pingües ganancias a los contrabandistas de seres humanos.
Estados Unidos es otro ejemplo, puesto que el trabajo en condiciones de extrema servidumbre –que se ha nutrido en su mayor parte de la inmigración ilegal– se convirtió en una realidad oculta en muchas comunidades rurales desde la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Immokalee, en Florida, fue una de estas sombrías localidades hasta finales del siglo XX. La publicación de unos libros que estudiaron y revelaron la sórdida realidad y el reflejo de los abusos en diversos reportajes periodísticos dejaron al descubierto lo que sucedía, permitieron a los obreros organizarse al amparo de las autoridades y abrieron causas judiciales que liberaron a más de mil trabajadores y condenaron a algunos responsables del tráfico en la zona.
Paralelo a estos abusos se desarrollaba también un tráfico de jóvenes inmigrantes forzadas a prostituirse o a entrar en un régimen de servidumbre doméstica que las colocaba a merced de sus amos, pero éstas no han encontrado un respaldo firme de la sociedad en su defensa. En consecuencia, todavía en 2004 CNN se hacía eco de nuevas denuncias de Terry Coonan, Director Ejecutivo del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, de la Universidad Estatal de la Florida, quien señalaba que “estos son crímenes casi invisibles porque las víctimas son mantenidas lejos de la luz pública”.
Europa se ha convertido también en un enorme mercado de seres humanos sometidos a la esclavitud y el abuso, sobre todo desde que la caída del imperio soviético permitió que la desintegración social heredada del comunismo por esos países cristalizara en grandes redes de criminalidad organizada. Entre ellas destacan las destinadas al tráfico humano para la prostitución y el deleznable tráfico de niños. Todo esto se ha visto tolerado por regímenes jurídicos de alta permisividad para la prostitución y la pornografía.
El problema es tan grave que el Consejo de Europa aprobó en 2005 el Convenio Europeo contra la Trata de Personas. Firmado ya por 30 países, sólo tres lo han ratificado pese a la urgencia de su aplicación, que consistiría en una acción común y concertada de todos los países de la región a fin de “perseguir eficazmente las infracciones” y de garantizar “adecuada protección de los testigos que faciliten información, así como asistencia adecuada a las víctimas y sus familias.”
Según cifras del Departamento de Estado norteamericano, cerca de un millón de personas caen todos los años en las redes migratorias de este tráfico humano mundial. Si bien los inmigrantes legales ya son de por sí vulnerables por desconocimiento de las leyes, costumbres y medios de protección a su disposición, mucho más lo son los ilegales que integran la gran mayoría de las víctimas.
La inmigración ilegal es un gran negocio que beneficia con miles de millones de dólares todos los años a innumerables traficantes. El inmigrante ilegal está a merced de una serie de hampones sin escrúpulos que cobran miles de dólares por “transporte”, “documentos falsos”, “protección” y otros “gastos” de cada aspirante a ingresar ilegalmente en otro país. Por el tortuoso camino que los lleva a la ilegalidad en un país desconocido son víctimas de ladrones que los despojan de sus pertenencias y a veces los matan, muchos son violados por depredadores sexuales y otros encuentran un destino de servidumbre y esclavitud en ese soñado “paraíso”.
No en balde se manejan en los países anfitriones grandes intereses que derrochan cuantiosas sumas en la “defensa de los inmigrantes ilegales” y en las campañas de propaganda que promueven la permisividad con este tráfico, como si semejante trasiego delictivo fuese justificable y tolerable. Es notable la ceguera colectiva que propician, hasta el punto de impedir que la opinión pública comprenda que la ilegalidad sólo beneficia a quienes medran en actividades delictivas y a quienes burlan la ley. En otras palabras, que sólo beneficia a los abusadores y a los traficantes de drogas, prostitución, pornografía y servidumbre.
A su vez, perjudica a los inmigrantes que optan por medios legales. El número de inmigrantes que llegan legalmente a los Estados Unidos se ha mantenido al mismo nivel aproximado de 400.000 admitidos todos los años desde 1985. El aumento natural no ha sido posible por los diversos ajustes que se han hecho desde entonces para normalizar la situación de muchos ilegales, pero, peor aún, porque los ilegales toman empleos que, en consecuencia, no se abren a los residentes legales precisamente porque esos grandes intereses prefieren abusar de esa mano de obra dócil y barata que sólo el ilegal puede ofrecerles.
Los inmigrantes ilegales, por supuesto, no son criminales. Conviene hacer una aclaración y una distinción con el propósito de disipar la confusión que provocan las tergiversaciones que se propagan sobre esto.
Hay dos tipos de ilegales. Los que entran al país legalmente con una visa temporal y se quedan después de su vencimiento, violando el contrato explícito contraído con el país que los acogió; y los que utilizan medios ilegales para ingresar al país sin autorización y en violación flagrante de las leyes inmigratorias correspondientes y de otras leyes que defienden el orden de la sociedad a la que ingresan. Estos son los más. Y son responsables de un evidente desprecio por las normas establecidas por la sociedad que aspiran a que los acoja.
No obstante, aunque estos últimos cometen un delito flagrante y punible, distan de ser criminales. Los criminales son sus victimarios que aprovechan su vulnerabilidad e indefensión por ingresar al país sin un permiso migratorio o una visa en orden. También son criminales los que se aprovechan de este tráfico para abusar por diversos medios de esos inmigrantes prácticamente indefensos. Sobre estos debe caer todo el peso de la justicia.
En términos generales, no es aconsejable que el país anfitrión acepte ningún grado de permisividad frente a la ilegalidad inmigratoria. Hacerlo significa fomentar el abuso, la delincuencia y la desintegración social.
Caben las medidas que tiendan a normalizar la situación de los ilegales que llevan años establecidos en el país y cuentan con empleos honestos y productivos que les reconocen plenamente sus derechos laborales, de modo que puedan integrarse plenamente a la sociedad del país anfitrión. Los procesos de deportación de indeseables deben tener en cuenta caso por caso la utilidad y el mérito de cada persona en un ambiente de respeto de sus derechos humanos. Las circunstancias humanitarias deben tenerse en cuenta, pero una política de estricta legalidad es imprescindible.
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