Yaxys Dallan
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La democracia cuesta dinero - 2006/10/20 05:40
La democracia cuesta dinero
por/ Yaxys D. Cires Dib
La democracia cuesta, eso suele decir el conductor de un programa de debate en un canal de televisión de Panamá. Y no lo dudo, cuesta, y bastante. Pensemos en cuántos recursos financieros se necesitan para mantener los servicios públicos que el propio Estado brinda, inclusive en aquellos países en los que más se han ido reduciendo, debido a las privatizaciones; cuánto se necesita para mantener todo ese “ejército” de funcionarios, policías, jueces, militares, que pertenecen al poder público o a la administración estatal y que en su mayoría producen valores como paz social, justicia, seguridad, y no de otro tipo. Pero no solamente la democracia necesita dineros para ser destinados a la población mediante los servicios, proyectos y salarios de funcionarios, sino también para ella misma, para algo que es uno de los pilares de los sistemas democráticos: los procesos electorales.
Un proceso electoral cuesta… y casi nunca lo que tiene que ver con las cada vez más largas y, por ende, más costosas campañas electorales, es pagado con dineros del Estado. Si bien la mayoría de ellos asumen todo lo que tiene que ver con la parte oficial o estructural del proceso, las campañas suelen ser pagadas con el presupuesto de los partidos o con aportaciones libérrimas de ciudadanos y de empresas privadas.
La campaña es parte importante del proceso electoral y por consiguiente de la democracia, pues aunque se utiliza en muchos casos para sacarle “trapos sucios” a los candidatos oponentes, esta será la etapa en la que los competidores se dan a conocer a ellos mismos y explican sus programas y propuestas de gobierno. Los ciudadanos el día de ejercer el voto deben estar claros de entre quiénes tienen que decidir para regir los destinos de las nación desde los diferentes niveles del Estado. Por ello durante la campaña hay anuncios en la televisión, radio, prensa escrita y en Internet; también se instalan vallas y carteles con propaganda electoral. ¿Cuánto puede constar una campaña en Latinoamérica? No existe una cifra exacta, pues ello depende de muchas variables, por ejemplo:
• cargo al que se aspira, pues no es lo mismo aspirar a la presidencia de la república que a un escaño en el parlamento regional o nacional;
• arrastre el partido político al que se pertenece, pues uno puede ir montado principalmente sobre la estructura o popularidad de sus agrupación, cosa que reduce el coste para uno;
• nivel de competitividad en la contienda; si es baja o si es una competencia reñida;
• monto de los gastos en la elaboración de anuncios y su respectiva presentación en los en los medios de comunicación;
• costes del transporte que se emplea en las giras o para el traslado de la logística;
• gastos en, viáticos, estipendios y alimentación de los equipos de campaña y activistas;
• gastos en mítines y actividades;
• gastos del día de las elecciones. Estos son grandes, pues ese día hay que garantizar tener representantes en todas o la mayoría de las mesas de las circunscripciones, personas que necesitarán moverse, comunicarse, alimentarse, etc.
Pueden influir muchos factores en el precio de una campaña. En una ocasión escuché decir a un político de un país centroamericano que la campaña presidencial a su partido le había costado algo más de tres millones de dólares; pero en países pequeños están entre tres o cinco millones. En Panamá, una campaña para diputado puede costar entre cien mil y doscientos mil dólares, aunque hay personas que han llegado a gastar casi un millón de dólares. En países más grandes como Brasil o México los gastos de campaña deben estar por los cielos. Lo cierto es que aunque el candidato sea una persona austera, las elecciones cuestan. Esta carga se hace más ligera en niveles inferiores como comarcas, municipios, etc.
El tema de la financiación de las campañas es debatido en los círculos políticos: hay personas que proponen que estas sean subvencionadas por los estados, para así hacer más equitativas las competencias, pero principalmente para que los nuevos gobiernos no lleguen “endeudados” o con la obligación de hacer favores a las empresas o personas naturales que donaron dinero. También se propone poner límites al monto de estas donaciones privadas. Sin embargo, aunque no se quiera reconocer en público, evitar que existan aportaciones provenientes de la esfera privada es casi imposible; de lo contrario también habría que pensar si se le puede echar encima al Estado esa otra carga financiera. Por ahora la solución creo que es la exigencia de mayor transparencia en la financiación, concretamente que se sepa quiénes son los donantes de cada candidato y cuánto donan. Así también se evita la utilización de esta vía para el blanqueo de capital o que los dineros donados sean resultado de actividades ilícitas. Pero esta obligación debe ser exigida con igualdad para todos y garantizando a los donantes que un gobierno no formado por su beneficiario no actuará en su contra.
Cuando hay procesos de transición de una dictadura hacia la democracia, todo el mundo apoya –como por fuerza de gravedad- a los candidatos que representan al nuevo régimen. A pesar de los tiempos anteriores, donde las voces de los opositores eran silenciadas y privadas del uso de los medios de comunicación, los ciudadanos los distinguen y suelen darles su voto de confianza. Pero una vez instaurado el sistema democrático, y con él mayores índices equidad política, la competencia ya no se caracteriza por la existencia de un represor y un reprimido, o de un victimario y una víctima, sino por la concurrencia de sujetos que tendrán como vehículo para llegar al poder sus propuestas, además del calibre de su campaña, con las implicaciones económicas que antes he mencionado.
ciresdib@yahoo.es
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