Jorge A. Sanguinetty
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La Aparente Política Económica de Raúl Castro - 2008/04/09 09:51
La aparente política económica de Raúl Castro
Por Jorge A. Sanguinetty
Efectivamente, como se esperaba y se había anunciado, en Cuba están ocurriendo algunos cambios que tienden a aumentar muy modestamente y de manera inequitativa los grados de libertad de los ciudadanos como consumidores. Las medidas levantando las prohibiciones de comprar ciertos bienes como computadores y teléfonos portátiles, y de tener acceso a los hoteles hasta ahora reservados exclusivamente para extranjeros sin duda aumentan las opciones de consumo de los cubanos, aunque las mismas se vean todavía muy restringidas por sus paupérrimos ingresos. Para la inmensa mayoría de los consumidores cubanos, el levantamiento de las restricciones es más teórico que real, pues sólo beneficiará a aquéllos que tienen acceso a dólares u otras monedas convertibles, bien sea por medio de remesas o porque devengan ingresos en esas monedas. Esta situación beneficiaría a otros segmentos de la población si los niveles generales de salarios e ingresos aumentaran significativamente.
Estas medidas representan una apuesta oficial a que la liberalización estimulará el envío de remesas, lo cual es una expectativa razonable. Aunque haya muchos exiliados que no estén dispuestos a aumentar sus envíos a Cuba, es de esperar que algunos otros sí respondan positivamente. De este modo el gobierno es el beneficiario principal de las medidas, pues capta una proporción considerable de las remesas por medio de su monopolio como intermediario.
Pero en medio de todo esto, hay una noticia que ha pasado casi desapercibida en los medios de Miami, aunque no para el sagaz periodista Pablo Alfonso, compañero de columna en el Diario Las Américas y para el Wall Street Journal. Se trata del anuncio de que el gobierno cubano está estudiando los precios de los bienes que circulan en lo que ellos llaman “el mercado informal” y que no es otra cosa que lo que todos conocen por el mercado negro. Esta es la primera vez en casi cincuenta años que una fuente gubernamental reconoce la existencia de este tipo de actividad oficialmente ilícita. Esto representa un cambio de gran significación que merece algún análisis, aun cuando la información que tenemos al respecto es incompleta. Así y todo, es posible plantear dos grandes interrogantes: ¿Por qué el gobierno está estudiando los precios de los bienes que se transan en el mercado negro? ¿Por qué el gobierno ahora reconoce la existencia de esa clase de mercado que ha perseguido sin éxito por tanto tiempo?
La primera cuestión es precursora de la eliminación del racionamiento, para lo cual el gobierno necesita conocer la magnitud del diferencial entre los precios que prevalecen en el mercado negro y los correspondientes a los bienes racionados. Aquí pueden identificarse dos grandes modalidades para librar al país de la libreta de abastecimiento. Una modalidad puede ser la plena liberación de los precios de los bienes de consumo, de manera que los mismos se determinen por la oferta y la demanda y reflejen de manera realista la interacción entre las capacidades nacionales de producción de cada bien y las preferencias de los consumidores-trabajadores. La otra modalidad consiste en que en lugar de liberalizar los precios, el gobierno quiera manejarlos o controlarlos de una manera compatible con lo que sería un mercado libre, pero dentro de los cánones de la planificación socialista.
La primera modalidad puede ser más realista desde un punto de vista estrictamente económico, pero no desde un punto de vista político (para los gobernantes). La segunda es todo lo contrario, realista desde un punto de vista político (para los gobernantes), pero no desde un punto de vista económico. Por mucho que Raúl Castro quiera mejorar las condiciones de la economía cubana, yo no creo que él vaya a una verdadera liberalización de los mercados de consumo. Aunque pueda ser lo más deseable (a la larga pudiera ayudar a producir otros cambios), yo me inclino a pensar que una liberalización extrema de precios sería vista por la nomenclatura como una movida de alto riesgo político, pues toda liberalización de precios, para ser efectiva, tiene que estar concatenada a otras medidas liberalizadoras, como es facilitar la movilidad de los factores productivos (mercados de trabajo y medios de producción o capital). O sea, el gobierno totalitario tendría que ceder el control férreo de los trabajadores amarrados de por vida a un sólo centro de trabajo, a vivir en una misma comunidad, etc. Tendremos que esperar un poco para ver cómo Raúl Castro (y sus entornos visibles y menos visibles) decide entre estas dos grandes modalidades.
La segunda pregunta sobre el por qué reconocer ahora la existencia del “mercado informal” es más fácil de responder. Raúl Castro parece estar dando reconocimiento oficial de que el sol no se puede tapar con un dedo. El mercado negro ha existido en Cuba desde que en 1960 comenzaron a escasear muchos bienes y se agudizó cuando en 1962 se instauró formalmente el racionamiento por cuotas. En la práctica, el mercado negro ha representado el triunfo del cubano como homo economicus, si bien es cierto que el animal político en el mismo ciudadano ha sido neutralizado. Que Raúl Castro comience a reconocer la realidad insoslayable de las preferencias del cubano consumidor por medio de esos mercados contrasta con la actitud caprichosa, obstinada y atorrante de su hermano Fidel. Es posible que estemos en el umbral de una especie de transición de una forma de totalitarismo extremo hacia otra forma menos asfixiante, pero totalitarismo al fin. Veremos.
Miami, 1º de abril de 2008
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