Gerardo E. Martínez-Solanas
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Soberanía nacional versus libre determinación - 2008/02/19 18:33
Durante el Siglo XX se fue perfilando paulatinamente un conflicto entre los conceptos de libre determinación de los pueblos y de soberanía nacional. Es un conflicto insidioso y profundo que se ha adentrado en este siglo con el desarrollo de nuevos planteamientos en el derecho internacional. Ese conflicto de intereses, perspectivas y conceptos está provocando la crisis de Kosovo, que ha proclamado unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero bajo el manto indeciso y perplejo de las Naciones Unidas, que administra el territorio de conformidad con la Resolución 1244(1999) del Consejo de Seguridad. Kosovo ha esgrimido su derecho a la libre determinación de los pueblos. Como provincia de Serbia, sin embargo, para Belgrado y sus aliados, la secesión de Kosovo resulta una violación de la soberanía nacional.
El reconocimiento de la soberanía nacional fue consolidándose a través de los últimos siglos, logrando evolucionar hacia un código de derecho internacional que permitió a muchos países pequeños y débiles resistir los embates de vecinos ambiciosos y expansionistas y que las amenazas resultantes justificaran la creación de alianzas y organizaciones destinadas a defender su identidad y existencia. No obstante, esta consolidación de la identidad nacional dio lugar también a nacionalismos que condujeron –y aún conducen– a detestables y crueles tiranías.
La Unión Soviética, China y la Alemania nazi son los ejemplos históricos más notables.. En la actualidad, los casos de Cuba, Norcorea, Sudán y otros semejantes apadrinan sus dictaduras con un nacionalismo amparado en la “soberanía nacional”. En esa dirección están derivando también regímenes como el de Chávez en Venezuela o el de Putin en Rusia. Por otra parte, también hay peligrosas desviaciones en el ámbito democrático cuando países como Estados Unidos –por sólo poner este ejemplo– invocan su derecho soberano a adoptar políticas que atentan contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en aras de la “seguridad nacional” o resisten corrientes internacionales a favor del medio ambiente en “defensa” de intereses domésticos.
El reconocimiento de la libre determinación de los pueblos cristalizó en las Naciones Unidas con la asombrosamente rápida erradicación del colonialismo. Si bien ya en el siglo XIX, tras las revoluciones en Francia y Estados Unidos, tuvo lugar un notable movimiento independentista que desembocó en el nacionalismo del siglo XX, en las pocas décadas de funcionamiento del Comité de Descolonización, las declaraciones de independencia y su aplicación adquirieron un carácter arrollador que transformó la faz de la Tierra al elevar los Estados reconocidos de poco más de 50 a casi 200. Este proceso de descolonización abarcó en las postrimerías del siglo XX al Imperio Soviético con la liberación de múltiples repúblicas de la antigua URSS que se mantenían unidas a Moscú por la fuerza. Esta última fase del proceso de descolonización fue tan inesperado como espontáneo con escasa o ninguna intervención por parte del Comité de Descolonización.
No obstante, todo este movimiento independentista, inspirado y auspiciado por la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, se limitó al reconocimiento de entidades geográficas que, en demasiados casos, fueron trazadas por ambiciones e intereses colonialistas sin reconocer las realidades demográficas, étnicas y culturales subyacentes. En esta realidad es donde se enfrentan los conceptos de soberanía nacional y de libre determinación de los pueblos. Su catarsis radica en la democracia.
El derecho internacional ha evolucionado hacia un concepto de soberanía que descansa más en la libre determinación que en la entidad geográfica del Estado. Por lo tanto, está poniendo limitaciones al concepto de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. El rasero para determinar lo que es correcto o no consiste en calibrar las decisiones democráticas que tomen los pueblos involucrados. No las que tomen sus gobernantes “en nombre de sus pueblos” sino las que resulten de la participación ciudadana en esas decisiones.
Lo que impide que se desarrolle debidamente esta tendencia es el miedo a la inestabilidad que resultaría de una atomización de los Estados actuales en entidades fragmentadas por choques violentos entre sectores. Los ejemplos de fragmentación pacífica de algunos Estados son sumamente escasos, como los de la República Checa y Eslovaquia, y los de muchas antiguas repúblicas soviéticas, notablemente los Estados del Báltico: Estonia, Letonia y Lituania. En la India, dirigida nada menos que por un pacifista de la talla de Gandhi, la secesión de Pakistán distó de ser pacífica, pese a las negociaciones que la precedieron y al intercambio de poblaciones para eliminar tensiones provocadas por grupos minoritarios. Otras fragmentaciones se han producido en condiciones mucho peores, como la cruenta desintegración de una entidad tan artificial como la Yugoslavia de Tito y sus sucesores, que se produjo en medio de horribles genocidios y abusos.
Hay medios no independentistas de reconocer y encauzar la libre determinación y promover las soluciones democráticas. Son los regímenes de autonomías. Suiza y Bélgica dan un buen ejemplo de haber vivido en paz con grandes diferencias étnicas y culturales en su seno. España reconoce el derecho de sus regiones a gobernarse sin provocar la secesión. El Reino Unido parece seguir un camino semejante.
En un mundo democrático deben prevalecer los principios de libre determinación sobre los de soberanía nacional. En particular en el mundo de hoy, donde el concepto de soberanía ha encontrado su fuente de autenticidad. Porque no es la entidad geográfica la que es depositaria de la soberanía sino el pueblo que vive dentro de sus límites.
La catarsis no resulta de un conflicto sino del acatamiento de las decisiones de los pueblos cuando estos cuentan con mecanismos democráticos participativos que les permiten tomar decisiones ponderadas y pacíficas.
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