Gerardo E. Martínez-Solanas
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IMPUESTOS Y OBLIGACIONES: la opción participativa - 2007/06/13 23:09
En un reciente comunicado, un colega peruano que aspira a promover la democracia participativa (la genuina, no la de Chávez), se quejaba de las escasas posibilidades que ofrecen los mecanismos democráticos en su país para que el contribuyente pueda ejercer presión sobre políticas impositivas o protestar por los abusos de las autoridades al aplicarlas o al utilizarlas para esquemas de corrupción o de peculado.
Ante esta realidad, se ha dedicado a la tarea de organizar con otros entusiastas la Organización de los Ciudadanos Contribuyentes, cuyo sitio en la WEB recomiendo a todos los interesados que lo visiten.
Este conflicto entre el ciudadano que mantiene al soberano mediante contribuciones impositivas y espera protección y determinados servicios a cambio, es tan antiguo como la historia de la humanidad, aunque, en muchos casos, las crónicas nos muestran que se trataba de un tributo forzoso producto de la conquista, el pillaje y la tiranía.
Estos extremos de abuso impositivo no han desaparecido, pero la sociedad de la mayoría de los países entiende que el soberano de hoy son los ciudadanos y que los gobiernos son gestiones administrativas del mandato popular. Es cierto que de la teoría a la práctica todavía hay un gran paso que dar en la mayoría de esos países; no obstante, está claramente identificado el principio de que toda obligación genera un derecho y todo derecho genera una obligación.
Los contribuyentes de casi todos los países del mundo tienen la obligación de pagar impuestos, contribuciones y tasas destinados al costo de la Administración Pública a los niveles central, regional o local. En Estados Unidos estos niveles impositivos se denominan federal, estatal y condal. Sin estos fondos no pueden subsistir las estructuras del Estado en ninguno de esos niveles, salvo en los sistemas autoritarios muy centralizados que subsidian los gastos y necesidades de los organismos regionales y locales como medio de control.
En la mayoría de los países, esta obligación de los contribuyentes es coercitiva. Si se demoran en pagar o no lo hacen, son sujetos de severas sanciones, multas, moras, embargo y remate de sus bienes, incluyendo privación de libertad en el caso de evasión o fraude tributario. Es natural porque el incumplimiento de estas obligaciones redunda en perjuicio de los demás ciudadanos que pagan lo que les corresponde.
Estas obligaciones dan lugar a un Binomio correlativo con los derechos adquiridos, que se traduce en una transacción del gobierno con los ciudadanos: los contribuyentes, por el solo hecho de que asumen el costo del Servicio de Administración Pública, adquieren un legítimo derecho a exigir buena calidad y resultados exitosos del servicio por el cual están pagando.
Efectivamente, el ciudadano PAGA por los servicios que le brinda el Estado, de conformidad con los programas del gobierno de turno. Es decir, el Pueblo sostiene a su Gobierno mediante el pago de sus impuestos. En los sistemas totalitarios o dictatoriales –y a veces también bajo gobiernos populistas– los gobernantes se empeñan en desdeñar este Binomio para disfrazarse de defensores del “bien común” que, por supuesto, les corresponde a ellos manejar a su antojo. Se arrogan así el derecho de otorgar “dádivas” a sus pueblos según les convenga o lo crean mejor.
En las democracias avanzadas este Binomio puede corromperse, como está sucediendo en Estados Unidos con el fenómeno del desbocado aumento impositivo a la propiedad resultante de la fenomenal apreciación de los valores de bienes raíces en lo que va de siglo. Estos impuestos se han basado erróneamente en el valor de las propiedades, provocando un enorme aumento del ingreso impositivo local y regional. Ha sido erróneo porque el valor de la propiedad no tiene nada que ver con las obligaciones impositivas para pagar los servicios de la Administración Pública, sino que estas obligaciones debieron ajustarse con tasas de amillaramiento correlativas al presupuesto aprobado, según los servicios que estaba dispuesto a pagar el contribuyente. Tasas que evitaran sobrantes presupuestarios.
El monto de los impuestos responde a las obligaciones que contrae la administración pública con los ciudadanos. Un aumento desproporcionado como resultado del valor de las propiedades o por otra causa fortuita no corresponde en ningún caso a obligaciones contraídas. Las autoridades estatales y condales han tenido el desparpajo de regodearse con esta bonanza impositiva para rellenar presupuestos, aumentar salarios y pensiones y crear programas “inventados” con el único propósito de gastar y consumir el erario así enriquecido.
La consecuencia en Estados Unidos, como en cualquier otra parte, es la corrupción y el derroche. Es un abuso impositivo que no ha contado con la aprobación del que PAGA. Este síndrome consumista de la Administración Pública refleja una tendencia universal de gastar a toda costa los ingresos disponibles con tal de no reducir el presupuesto como resultado de un sobrante. Es la antítesis del concepto del ahorro.
Empero, los impuestos deben corresponder única y exclusivamente a los gastos de la Administración Pública, según presupuestos y programas que respondan al mandato de sus electores correspondientes, quienes tienen derecho a exigir una absoluta transparencia en los manejos del erario público. Cuando hay un sobrante, es obligación del Estado rebajar las tasas impositivas y ajustar los amillaramientos.
Sin una consulta popular adecuada no hay justificación alguna de gastar más. Los impuestos solamente tienen dos funciones: la de comprar protección y la de pagar por los servicios mínimos que la ciudadanía exija por medios democráticos.
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FORO / Participative Forum 
