Yaxys Dallan
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Una victoria para la vida - 2006/06/14 17:42
Madrid---Después de una larga campaña para poner punto final a la aplicación de la pena de muerte en Filipinas, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo vio complacida cómo las dos cámaras legislativas aprobaban las normas abolicionistas, que una vez sean respaldadas con su firma se convertirán en ley de la república. Ella misma ha catalogado el acontecimiento como “una victoria para la vida”. Con esta ley se beneficiarán aproximadamente 1.200 condenados a muerte, a los que se le conmutará la pena capital por la de cadena perpetua.
Macapagal argumenta que la pena de muerte "ha mostrado que no es útil para su principal propósito de servir de disuasión para que no se cometan crímenes horrendos". Indicando que esta sanción va dirigida principalmente a los que menos recursos económicos tienen. Son “los que no pueden costear los servicios de abogados competentes, quienes con más frecuencia son condenados”- dijo la presidenta-.
Manila había aplicado la pena de muerte a siete condenados entre 1999 y 2000. Dada la presión ejercida por la Iglesia Católica y la Unión Europea, el gobierno impuso una moratoria inmediatamente. En la Semana Santa de este año la presidenta conmutó la pena capital a un número considerable de condenados.
Según expresa Amnistía Internacional en su último informe sobre Derechos Humanos, en la actualidad la pena de muerte está abolida, en su legislación o en la práctica, en 122 países. Sin embargo, tuvo conocimiento de 2.148 personas ejecutadas en 2005 y de otras 5.186 que han sido condenadas a muerte. El 94 % de las ejecuciones realizadas en el pasado año fueron en Arabia Saudí, China, Irán y Estados Unidos. Se estima que el número total de personas que permanecen condenadas a muerte es veinte mil.
Muchos son los argumentos esgrimidos por los defensores de los derechos humanos en oposición la pena de muerte, entre estos, que la pena de muerte constituye una violación al derecho a la vida; que las conclusiones empíricas demuestran que los índices de criminalidad no disminuyen con su aplicación; la duda que puede existir sobre la real inocencia o culpabilidad de un condenado; su utilización por gobiernos liberticidas como instrumento para dar escarmientos en su población o para intimidar a sus opositores y; el irrespeto existente en algunos países por las normas más elementales del debido proceso.
Como todos sabemos hace solo unos meses fue creado en la Organización de Naciones Unidas el nuevo Consejo de Derechos Humanos, órgano que se encargará de velar por el respeto y cumplimento de los Derechos Humanos. Sorprende sobremanera que de sus 47 integrantes 18 aplican la pena de muerte, el 38,3 % de su membresía. Me refiero a Camerún, Bangladesh, Gabón, Ghana, Nigeria, Zambia, Arabia Saudí; China, India, Indonesia, Japón, Jordania, Malasia, Pakistán, República de Corea, Guatemala, Cuba y Filipinas (donde está a punto de ser eliminada). Además, nótese que entre ellos hay varios que son de los que más la aplican. Hay otros integrantes del Consejo que a pesar de mantenerla en sus normas, son considerados abolicionistas de hecho por haber transcurrido más de 10 años sin aplicarla o porque se han comprometido internacionalmente en no hacerlo, por ejemplo, Rusia y Marruecos.
Este dato debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de mayor coherencia por parte de los Estados a nivel internacional. ¿Será que los Estados comisionados defenderán solamente algunos derechos? ¿Acaso algunos habrán olvidado que uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho a la vida?
Esperemos que en tiempos venideros se produzcan más victorias para la vida, tal y como ha ocurrido en Filipinas. (ciresdib@yahoo.es)
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