Gerardo E. Martínez-Solanas
Admin
| Posts: 310 |  |
|
El Derecho a Disentir - 2007/10/03 14:49
La democracia es un concepto básico que implica el consenso de los gobernados para otorgarle un mandato administrativo a sus gobernantes. Un mandato que, en una democracia auténtica, se modifica con las circunstancias cambiantes y evoluciona de conformidad con la voluntad de los gobernados. Una voluntad que surge del consenso nacional necesario para el mantenimiento de un estado de derecho, pero que se manifiesta mediante mecanismos de consulta popular en las cuestiones cotidianas que deben resolverse por decisión mayoritaria.
Pero esto no basta para estructurar el Estado encargado de cumplir su función democrática ni para planificar una estrategia de gobierno que cumpla con el mandato recibido. Por eso las democracias son una manifestación pluralista que lleva apellidos reconocibles. Quienes pretenden limitar el concepto democrático quitándole sus apellidos, la adulteran. Sencillamente conciben una sola posibilidad democrática que, por supuesto, es interpretada a su manera.
La democracia, por su propia naturaleza, es un proceso caracterizado por una enorme diversidad. Tan diversa como grupos humanos puedan existir con diferentes circunstancias, necesidades y aspiraciones. Son los regímenes absolutistas, autoritarios, teocráticos, totalitarios o dictatoriales los que a través de la historia adolecen del mismo patrón nefasto de centralización del poder.
Los sistemas democráticos, por el contrario, cuanto más lo son, mayor es su tendencia a la descentralización. La historia nos demuestra su evolución en esa dirección.
Al clasificar su evolución, surgen los muchos apellidos que le aplicamos o le hemos aplicado: directa, presidencialista, parlamentaria, semiparlamentaria, corporativa, plebiscitaria, popular, y otras diversas calificaciones, todas las cuales, a su vez, se subdividen en características estructurales, como el bipartidismo, la representación proporcional, los sistemas unicameral, bicameral o tricameral, la presidencia colegiada, etc., etc.
Como estas breves líneas no aspiran a ser un tratado de Ciencias Políticas sobre este tema, vamos a centrar nuestras reflexiones en la meta hacia la que nos conduce la evolución de las democracias: la democracia participativa.
Las aberraciones contemporáneas que se han entronizado en Cuba o en Venezuela no tienen nada que ver con esto. Son entidades que usan apellidos bastardos, como pasó con las democracias “populares” de otra época. Ni aquellas fueron populares ni estas son participativas. El verdadero padre de estos sistemas espurios es el totalitarismo centralizador.
La democracia participativa no es más que un medio político que exige una capacidad de intervención directa y eficaz de cada ciudadano, estructurada por un estado de derecho, en el proceso de tomar decisiones en todos los niveles de la vida pública. Jacques Maritain sentó muchas de las bases conceptuales y filosóficas del mecanismo político participativo hacia el que derivamos en obras muy pertinentes, como fueron “El Hombre y el Estado” y “Humanismo Integral”.
Este mecanismo de intervención en las decisiones públicas se rige por el principio de subsidiariedad, que establece que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de su autonomía y, en consecuencia, del pleno ejercicio de sus competencias, sino que, por el contrario, su función, en tanto que estructura de orden superior, debe consistir en sostenerle, ayudarle a conseguir sus objetivos y coordinar su acción con la de los demás componentes del cuerpo social a fin de alcanzar más fácilmente los objetivos comunes a todos. Es decir, la sociedad debe dejar a las personas o los grupos que la componen todo lo que ellos puedan realizar responsable y eficazmente. En otras palabras, implica un alto grado de descentralización del poder del Estado.
Debemos ser conscientes de que al extremo de la propuesta descentralizadora medra el anarquismo. Pues bien, entre el estatismo centralizador y la anarquía está la democracia. La democracia nació al mundo moderno con el apellido de representativa y desde entonces cuenta entre sus características esenciales la facultad de ser perfectible. Esto es lo que permite su vigencia y evolución al margen de cualquier ideología. Por lo tanto, la democracia no puede confundirse con ninguna ideología ni adosarse a ninguna de ellas, sino que debe concretarse en un mecanismo que le dé espacio libre a las ideologías para manifestarse y desarrollar abiertamente sus propuestas en un ambiente de debate nacional que conduce al consenso legislativo. Por su propia naturaleza, que somete las características del mecanismo aplicado a la crítica, a la reforma y a la evolución según los intereses de cada pueblo, la democracia representativa se está transformando gradualmente en participativa.
A esta modalidad, que no está todavía plenamente estructurada en ningún sistema del mundo, se acercan cada vez más las democracias parlamentarias que dan un acceso más amplio y más viable a la población en la toma de decisiones. También lo hacen algunos otros mecanismos democráticos que utilizan con creciente frecuencia fórmulas plebiscitarias y de referendo para la consulta popular previa a decisiones controversiales.
Empero, falta por dar un paso más, llevando al parlamentarismo hasta el nivel local o municipal, con un poder de decisión que parta de la base y que tenga respaldo constitucional. En la obra publicada en 1997, titulada “Gobierno del Pueblo: opción para un Nuevo Siglo”, propongo un esquema viable bicameral que propiciaría una amplia participación popular en el proceso legislativo, concebido como un mecanismo escalonado que parte del nivel local y se va elevando hasta el nivel nacional. En otras palabras, una legislatura que aplica el principio de subsidiariedad. Quienes estén interesados en abundar sobre este planteamiento, pueden leer también un esbozo muy condensado del libro que fue publicado en mayo de 2000 por la Revista Acta Académica, Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, Costa Rica, y que el lector puede encontrar en ESTE ENLACE.
Este concepto rechaza la noción de que una dirección cupular sea indispensable. Cuando más, debe haber una orientación partidista que descanse en ideologías que sirvan de guía a los proyectos legislativos y la planificación ejecutiva. De hecho, la democracia participativa es posible mediante el sistema escalonado que reconoce la soberanía popular desde la misma base, pero aprovecha también la interacción necesaria de las agrupaciones o partidos políticos con ese propósito de orientación ideológica que acabo de mencionar. En cuanto al poder ejecutivo, lejos de ser, como hasta ahora, el depositario del poder político de la nación, debe circunscribirse a un poder administrador de los mandatos del pueblo.
Todo esto descansa en un derecho fundamental para cualquier democracia genuina: el derecho a disentir. El hecho de que podamos disentir y, por lo tanto, expresar nuestro desacuerdo y defender reformas y cambios; el hecho de que nuestros puntos de vista sobre cuestiones y circunstancias diversas y las soluciones que podamos proponer puedan provocar, sin llegar a una crisis, diferencias irreconciliables que impidan una amplia base de consenso; son esos hechos los que constituyen la base esencial de toda democracia. Nosotros, el pueblo, disentimos; nosotros, el pueblo, tenemos nuestras definiciones particulares y soluciones personales a los muchos problemas que, como un todo social, debemos enfrentar día tras día.
La democracia no es –ni será nunca– la suma de pensamientos afines, ni de esfuerzos y proyectos semejantes. La democracia no es una cuestión de estar de acuerdo sino de tener el poder de disentir y la capacidad de manifestar nuestra disconformidad. No es obediencia sino libertad. Es un choque de voluntades y ambiciones. Literalmente, es –o debiera ser– el gobierno del pueblo y para el pueblo. No digo, sin embargo, por el pueblo, porque los ciudadanos deben delegar el poder ejecutivo a las instituciones de gobierno que tengan la responsabilidad de administrar el país a fin de que impere un orden institucional que permita la eficacia del Estado.
Esto quiere decir que la democracia participativa no apunta tampoco a una oclocracia de las masas gobernando a golpes del capricho popular. No es así, porque estas oclocracias entronizan tarde o temprano a un líder mesiánico que acaba asumiendo facultades de dictador. Por eso hay que insistir en el consenso nacional indispensable en materia jurídica y constitucional que desarrolle a plenitud la aplicación y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidas. Sin ese requisito, la participación puede convertirse en una odiosa dictadura de las mayorías, que siempre evoluciona fatalmente hacia la oligarquía totalitaria.
Ese paso definitivo hacia la democracia participativa implica un firme e inquebrantable poder judicial y una cultura política y social que acepte el desacuerdo de los demás, que respete los derechos de la minorías y que busque incansablemente el consenso antes de proceder a la fórmula mayoritaria. Además, cuando la fórmula mayoritaria sea indispensable para superar un impasse, que la constitución y las leyes contemplen mecanismos y defensas que impidan el triunfalismo y el revanchismo.
La democracia participativa es una OBRA DE TODOS, incluso de los perdedores en el proceso político de tomar decisiones, porque TODOS contribuimos a la controversia enriquecedora de la diversidad.
|
FORO / Participative Forum 
