Gerardo E. Martínez-Solanas
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Responsabilidades del Estado Moderno - 2007/01/25 12:54
Las empresas Estatales suelen rendir muy malos resultados debido a la ineficiencia habitual de la burocracia del Estado. Esto se aplica también a monopolios como la electricidad o el gas, porque un monopolio privado responderá mejor al consumidor siempre que dependa de la supervisión estatal y deba regirse por normas y reglamentos que señalen sus obligaciones y controlen sus precios.
Los procesos de privatización de empresas estatales, sobre todo en América Latina, se han visto plagados por la corrupción y el peculado que han permitido monopolios y oligopolios abusivos, así como también jugadas especulativas perjudiciales para los países afectados. Además, han reafirmado la tendencia a la estatización que justifican los gobiernos autoritarios con su discurso populista.
La India ha tomado un camino intermedio muy interesante. Una solución tan sencilla que cabe preguntase por qué no ha sido emulada por otros. Más interesante aún, si consideramos que la puso en práctica un gobierno socialista y la sigue impulsando el que actualmente dirige el Primer Ministro Manmohan Singh. Según sus propias palabras, se trata de “liderar un alejamiento de un sistema de excesivo control estatal para movernos hacia un sistema que les da más juego a las fuerzas del mercado y al sector privado”.
La fórmula consiste en permitir la empresa privada en competencia con las empresas estatales para ir desfasando gradualmente a las más ineficientes. Si la empresa privada no mantuviera precios bajos y una buena productividad, no podría competir con la empresa pública y se vería obligada a cerrar. La que compite y gana clientes, suscriptores o consumidores propiciará que la empresa pública, más ineficiente, acabe por cerrar. El secreto del éxito de esta solución consiste en que las empresas públicas disputen abiertamente el mercado a las privadas sin recurrir a ningún tipo de subsidios que les dé una ventaja competitiva desleal.
Estas soluciones no implican que el Estado renuncie a sus obligaciones fundamentales o se desentienda de ellas, sobre todo en los renglones de la educación, el cuidado y prevención de la salud y la ayuda humanitaria a los menos afortunados. El Estado debe asumir la obligación de brindar educación primaria y secundaria y mantener centros de salud públicos que estén accesibles a los más pobres a muy bajo costo o incluso gratis en los casos más extremos.
Otro problema vigente en muchas partes es el abusivo costo de los seguros para propiedades inmuebles y vehículos privados. Las fórmulas de competencia entre las empresas privadas y públicas pueden caer en grandes aberraciones en estos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Estado de la Florida mantiene una aseguradora que debe cobrar tasas más altas que las aseguradoras privadas. Esto garantiza a las empresas privadas el manejo de primas a niveles muy altos encaminados a una espiral especulativa de altos dividendos que redundan en acciones a precios cada vez más elevados y enormes ganancias para los inversionistas.
En todos los casos donde la responsabilidad del Estado exige una presencia de empresas públicas para garantizar el servicio a los ciudadanos más necesitados, estas empresas deben funcionar como organizaciones sin fines de lucro a los costos más bajos que pueda ofrecer al consumidor. La ciudadanía en pleno es el gran aportador de escuelas y hospitales gratis porque paga los impuestos necesarios para sostener esos servicios. Por tanto, tiene el derecho de exigir costos bajos mediante presupuestos transparentes, detallados y que sean ampliamente divulgados al público.
Por lo tanto, la función primordial de los gobiernos es promover y mantener este equilibrio de intereses privados y servicios públicos. La defensa de la libre empresa no justifica que se deje a las fuerzas del mercado en libertad para cometer abusos, con la ingenua esperanza de que la competencia logre un punto de equilibrio natural que beneficie a todos.
Para eso elegimos a nuestros gobernantes y aceptamos las normas de una sociedad civilizada, para que sean árbitros que intervengan decisivamente en las situaciones injustas y las remedien equitativamente.
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